El martes se inicia el juicio por la supuesta adquisición fraudulenta de acciones

Ocho accionistas del Valencia CF-SAD han interpuesto una querella contra ocho ex consejeros de la sociedad.
El juicio por la querella que ocho accionistas del Valencia CF-SAD han interpuesto contra ocho ex consejeros de la sociedad por una supuesta adquisición fraudulenta de acciones en la ampliación de capital social de la sociedad, dará comienzo el martes con la asistencia de los ex dirigentes del club.Se trata de los ex presidentes Francisco Roig y Pedro Cortés, junto a los ex consejeros Antonio Bonet, José López Lluch, Manuel Llorente, Jaime Molina, Vicente Pons y Enrique Roig.El proceso actual dio comienzo con la querella interpuesta en el año 1996, tras la primera ampliación de capital social del club.Ahora da la circunstancia de que este juicio comienza tan sólo cuatro días antes de que la entidad se plantee la aprobación de una segunda ampliación de su capital social.Todos los ex dirigentes de club, defendidos por abogados diferentes, están citados para las diez de la mañana del martes, pero no está previsto que declaren en esa sesión.Según fuentes del proceso, la vista del martes ha sido señalada para cuestiones previas y aspectos procesales, por lo que es posible que las declaraciones tengan lugar a partir del mes de septiembre.Este proceso fue recurrido ante el juzgado y posteriormente fue estimado parcialmente por la Audiencia provincial, y la acusación considera que están acreditadas maniobras para acaparar el poder y que algunas acciones fueron adquiridas fuera de plazo.En el recurso de apelación se dice "que finalizado el periodo de la ampliación de capital abierto a accionistas de nueve acciones, peñistas y terceros, no había correspondencia entre las acciones suscritas y el capital desembolsado, por lo que para subsanar el déficit de este, se ingresaron en la cuentas bancarias habilitadas para la ampliación sumas fuera de plazo, algunas con trasvase a cuentas de fondos de otras cuentas bancarias del Valencia CF".En el momento en el que dio comienzo el proceso eran quince los accionistas del club que presentaron la querella, pero en la actualidad son solo ocho.La acusación considera que la adquisición de acciones fue fraudulenta lo que propició una distribución de títulos no acorde a la legalidad, lo que ha provocado una distribución de la propiedad de la entidad que no se ajusta a lo establecido en el proceso de ampliación.La acusación particular solicita penas de seis años de cárcel para los ex dirigentes como autores de un presunto delito de estafa.Al margen de esta denuncia por supuesta adquisición fraudulenta de acciones, la propia ampliación de capital fue objeto de una demanda por parte de la Fundación Valencia CF que solicitó su anulación.El proceso se inicio en 1996 y llegó al Tribunal Supremo en 2002.Esta instancia jurídica dio validez al proceso de ampliación. La Fundación mostró su desacuerdo con el fallo y el Valencia su satisfacción, aunque reconoció que determinados accionistas llevaron a cabo una serie de maniobras para hacerse con un elevado número de acciones, algo de lo que la entidad no se hacía responsable.