Los intentos de Vicente Soriano por volver a ocupar la presidencia del Valencia en el verano de 2009, a través de aquella misteriosa empresa de nombre Dalport, le van a pasar factura en los juzgados. Cuatrecasas Gonçalvez Pereira, el despacho de abogados que gestionaba los negocios privados de Soriano y le asesoró en aquella operación, ha decidido sentarle en el banquillo. El motivo son los numerosos impagos que se han ido amontonando sobre la mesa. Soriano adeuda cerca de 300.000 euros al bufete jurídico en concepto de honorarios que no llegaron a ser retribuidos, según informa elEconomista.es. En la denuncia no sólo aparece Soriano a nivel particular, sino también algunas sociedades del empresario valenciano, cuya principal fuente de negocio es la compra-venta de inmuebles.
Tras varios meses en la presidencia del Valencia, Soriano irrumpió de nuevo en la escena valencianista en julio de 2009. En representación de Dalport, aseguró públicamente la compra accionarial del Valencia. Para ello, medió en la venta de los títulos de Juan Soler (el 38 por ciento), entonces máximo accionista de la entidad, y de otros ex consejeros, a la sociedad uruguaya. Dalport, sin embargo, nunca llegó a pagar un solo euro de aquella operación, que nunca llegó a ser oficializada.
De todas aquellas gestiones, y de otras más, Cuatrecasas reclama una cifra considerable de dinero al ex presidente. El despacho jurídico ha pedido la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad sobre un centenar de inmuebles de su ex cliente, según recoge el diario digital mencionado. El problema para el bufete, añade el periódico, "es que sobre ellos puede pesar ya una orden de embargo de otro juzgado para garantizar los 39 millones que Soler reclama a Soriano".
Los intentos de Vicente Soriano - que, despachos al margen, contó con el asesoramiento personal de Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia, en muchas de sus gestiones- por comprar el Valencia resultaron en balde. A la vez que Dalport no daba ninguna señal de credibilidad financiera, el Valencia aprobó una ampliación de capital de 92 millones, que obligaba a la empresa que operaba en España a través de Víctor Bravo, a hacer frente al 50 por ciento del nuevo capital social.
Dalport se diluyó rápidamente después del verano, aunque dejó secuelas en el terreno social. Jesús Barrachina, uno de los ex directivos que había optado por "ceder" sus acciones al grupo de Soriano por medio de Vicente Silla, denunció al ex consejero por sentirse "engañado".



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