El presidente de Bankia reconoció que existen «unas cuentas ofertas que tienen cara y ojos» para comprar el club
J. C. | VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, rompió ayer su silencio con respecto al proceso de venta del Valencia, que tutelará la Fundación como propietaria de las acciones. Pero su respuesta en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados del banco en 2013, evidentemente improvisada, no despejó muchas dudas. Lo más destacado de su breve discurso referido a la operación de venta fue desvelar que desconoce los datos más sensibles: «No tengo ninguna información confidencial sobre el proceso».
El discurso de Goirigolzarri fue ayer descrito con una misma palabra («confuso») por varios miembros del consejo del Valencia y del patronato de la Fundación. El motivo, que después de anunciar que no tiene acceso a la información confidencial del proceso de venta («lo que conozco está basado en lo que publican los periódicos»), el presidente de Bankia reconoció que existen «unas cuentas ofertas que tienen cara y ojos» para comprar el club.
La Fundación está apremiando a todas las partes para que se complete la mesa negociadora de la gestora y comiencen las reuniones entre las cuatro partes. El lunes 24 de febrero está a la vuelta de la esquina -ese es el plazo que se anunció para la recepción de ofertas- y hay mucha documentación que analizar por todas las partes. Varios miembros de la comisión ejecutiva del patronato mostraron ayer su malestar porque ese trabajo aún no se haya realizado. Y es por ello que la propia Fundación aún no quiere hacer oficial el nombre del negociador que se incorporará a dicha comisión para velar por los intereses del máximo accionista. El candidato número uno, como informó LAS PROVINCIAS, sigue siendo el auditor y patrono Isidro López.
Cuando se reúna la gestora, KPMG tendrá que aportar la documentación de las ofertas que pasaron la primera criba del proceso el 15 de enero, cuando la Fundación y el Valencia no tenían acceso a la misma. Un escenario que cambió con el acuerdo suscrito el pasado 29 de enero para abrir el proceso al club y al máximo accionista. Pero no sólo será KPMG, que representará en la comisión los intereses de Bankia, la que deba poner documentos encima de la mesa. También lo tendrá que hacer Pricewaterhouse, la consultora contratada por el Valencia para que le represente en el proceso de venta de los créditos. Una fórmula que si lleva la firma de la Fundación acarreará la venta de la entidad. Los cuatro miembros de la comisión gestora estarán sujetos a fuertes cláusulas de confidencialidad. «Y esta vez no se limitará a algo teórico, sino que conllevará consecuencias judiciales para el que las incumpla», según reconoció ayer un patrono de la comisión ejecutiva a LAS PROVINCIAS.
La premura de tiempo impedirá realizar una nueva due diligence al club por parte de los inversores, que complete la realizada en verano por KPMG y analice las cuentas desde el 30 de junio hasta hoy. Las empresas, o personas físicas, interesadas en comprar el Valencia deberán conformarse con el acceso a la auditoría ya realizada o a información complementaria de Pricewaterhouse. El plazo del 24 de febrero dado por la Fundación para admitir las ofertas vinculantes, y aceptado por Bankia y la Generalitat, no permitirá por tanto escrutar el impacto económico de la gestión de Amadeo Salvo, lo que para muchos compradores supone un contratiempo.
La due diligence de KPMG no recoge, por ejemplo, los salarios de los jugadores que vinieron en verano, las comisiones que se haya podido pagar por esos fichajes ni tampoco la llegada del nuevo personal, una horquilla que engloba desde el nuevo director de marketing Luis Vicente Douwens hasta el cuerpo técnico encabezado por Juan Antonio Pizzi, ni los posibles compromisos de pago o cobro firmados desde el 1 de julio. Cuando se acabe el plazo del 24 de febrero, abierto a ofertas que no pasaran el anterior filtro de KPMG e incluso a las entonces descartadas, la gestora elegirá la propuesta vinculante que considere óptima. Y deberán ratificarla los accionistas y el Protectorado.
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