Llorente, Gómez, Piles y Olivas declaran hoy como imputados por la querella de Sanchis, que reactivó la Audiencia por administración desleal
C. V. | VALENCIA..-
La semana con más trascendencia en la historia social del Valencia empieza en el juzgado y lo más llamativo es que a nadie le coge ya por sorpresa, claro síntoma de las vicisitudes por las que ha atravesado la entidad en los últimos años. En medio del debate sobre la idoneidad o no de los grupos y personas que aspiran a quedarse la propiedad del club, arranca este lunes con el foco de la atención puesto en el Juzgado de instrucción número 3 de Valencia y con el protagonismo para cuatro de los personas que, de alguna manera, han contribuido al escenario en el que actualmente se encuentra la sociedad.
Pendiente como se está aún de saber qué pasará cuando se pronuncie la juez Alabau sobre el aval del IVF, otra vez un magistrado deberá entrar de lleno en la dichosa ampliación de capital de 2009. Y por eso están llamados a declarar como imputados el que fuera presidente de la entidad, Manuel Llorente; el vicepresidente Javier Gómez (también ocupó la presidencia); el que fuera presidente de la Fundación, Társilo Piles, y también José Luis Olivas, como presidente de la ya extinguida Bancaja.
Andrés Sanchis, encabezando un grupo de accionistas, responsabiliza a estos cuatro personajes -clave en el nuevo Valencia- de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos. Todo, a raíz de que hace ya cuatro años el Valencia, en connivencia con la Generalitat y con el impulso de Bancaja, decidiera salir adelante dándole todo el poder accionarial a la Fundación gracias a esos 75 millones de euros que le prestó el banco.
En 2010, esta ampliación de capital ya fue impugnada por la vía Mercantil pero al final fue desestimada. Este nuevo camino iniciado por Sanchis por lo penal coincide en el tiempo cuando está en juego el cambio de poder. Venga quien venga, será difícil que logre entender qué es lo que ha pasado con ese 1,4 millones de acciones que todavía mantiene en su poder la Fundación. De hecho, hace dos meses, la Audiencia de Valencia ordenó a este juzgado la reapertura del caso que se había archivado en julio de 2013.
En el auto que se hizo público el 12 de noviembre de 2013 y que argumentaba las razones para reabrir el caso, se reclama la investigación del «uso del préstamo de 75 millones de euros otorgado a la Fundación del Valencia». Para el tribunal, resultaba «razonable» el inicio de la causa para investigar «si es cierta la hipótesis delictiva que proponen los querellantes».
Estos sostienen que el dinero obtenido fue destinado a «elevados pagos a dirigentes del Valencia, que no deberían haberse satisfecho si se tiene presente el mal estado económico del club». De hecho, la indemnización que se le pagó a Javier Gómez (1.173.000 euros) ha sido objeto de referencia por parte de los accionistas prácticamente en cada asamblea celebrada.
Hay que recordar que ese préstamo fue ampliado posteriormente con otros seis millones de euros más, precisamente para que ese nueva inyección económica sirviera para pagar los intereses generados. La Fundación del Valencia nunca ha tenido suficientes recursos para pagar los intereses y esta vía muerta en la que se metió ha desembocado hoy en día en el proceso de venta del club por parte de Bankia, que renunció al plan de refinanciación ofrecido por Aurelio Martínez y por Amadeo Salvo.
Anteriormente a esta citación por parte del Juzgado de instrucción, Llorente, Gómez, Olivas y Piles se habían librado de declarar gracias a los recursos de apelación que habían presentado sus defensas. Esta vez, y aunque Llorente siempre ha mantenido una extrema calma al respecto, ninguno de los cuatro evitarán la exposición mediática que da hacer el paseíllo en la Ciudad de la Justicia.
Sanchis, además de poner el punto de mira en la ampliación de capital, siempre ha mantenido que se produjo una manifiesta irregularidad en las cuentas a la hora de situar la compra-venta de la torre de Mestalla por parte de Juan Soler. Es un aspecto éste que incorporó a la querella (apoyándose en un informe elaborado por el especialista Rafael Molina) y que en la última junta de accionistas expuso el propio Sanchis al actual consejo de administración.
Por si fuera poco, los querellantes también decidieron sumar a la causa la sentencia de la juez Alabau tumbando el aval del IVF y recogida por LAS PROVINCIAS el 12 de marzo pasado. Desde ese día, el Valencia ha vivido un auténtico carrusel de acontecimientos hasta quedar once meses después a expensas de a quién decida entregarle Bankia el Valencia.
Al respecto, el banco continúa aspirando a reubicar el proceso en un escenario lógico desde su punto de vista. Después de haber apaciguado teóricamente los ánimos en la reunión del viernes, sobre todo los de Amadeo Salvo (por su decidido apoyo a la candidatura de Peter Lim), Bankia trasmite que va a cuidar todos los frentes que dijo la Fundación que debía cumplir el 'elegido'. De momento, todos están cumpliendo su compromiso de no aparecer públicamente. Es lo que quiere el banco, calma por miedo a que la agitación entorpezca la decisión.
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